¿Qué ocurre con las personas que padecen alguna enfermedad mental y cometen un delito que hace que entren en prisión? ¿Entran junto al resto de internos? ¿Se les interna por separado? ¿Se les encierra en la más profunda celda y se tira la llave?
Tengamos en cuenta que en las prisiones no existen psiquiatras, los servicios médicos penitenciarios no son especialistas, los episodios agudos se tratan con salidas a los centros de salud externos quienes con poca información, en situaciones de custodia que dificultan mucho su trabajo, en un tiempo muy corto y sin un seguimiento posterior en condiciones, deben de atender y solucionar el episodio. Después el preso vuelve a su celda, sin terapias ni controles de la evolución farmacológica, esperando que dichas urgencias no se vuelvan a repetir. Parece que muchos creen que los presos son personas sin derechos, sin embargo la pena privativa de libertad no mitiga el derecho a la salud, que es un derecho fundamental, lo que subyace en todo esto es la vulneración sistemática de ese derecho para los enfermos mentales encarcelados.
La necesidad clara de una psiquiatría penitenciaria debe llevarnos a diseñar una práctica clínica independiente de las autoridades penitenciarias, encaminada al cuestionamiento continuo de la institución, abriéndola hacia el futuro de los internos y apoyando los esfuerzos de humanización que en ella desarrollan diversos actores.
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